PETROCARIBE
Petrocaribe como un Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países que ya se manifestaban “preocupados por las tendencias de la economía mundial y, particularmente, por las políticas y prácticas prevalecientes en los países industrializados que pueden conducir a una mayor marginación de los países del Tercer Mundo más pequeños y con economías más dependientes del exterior”.
Los mandatarios del Caribe ya avizoraban que tal situación planteaba la necesidad de contar con formas de suministro energético seguras.
Bajo las premisas del comercio justo, la complementación, la solidaridad, la justicia social y la voluntad común de avanzar, esta iniciativa de integración regional continúa siendo la única alternativa real que tienen los países en desarrollo de procurarse un acceso seguro y confiable a las fuentes de energía.
| Petrocaribe cuenta con una serie de Grupos Técnicos cuyo objetivo es identificar proyectos, fundamentados en las potencialidades de la región, lo cual permitirá tanto la diversificación de las matrices energéticas como el impulso al desarrollo de los países miembros. Estos grupos están divididos en las siguientes áreas de trabajo, ahorro y uso eficiente de la energía; energías renovables y alternativas; petroquímica; gas; formación, adiestramiento y entrenamiento de cuadros técnicos y profesionales; mecanismo de verificación y auditoría de los volúmenes suministrados y el Fondo ALBA Caribe; comisión para la planificación y el comercio justo; y comunicaciones. En materia de energías renovables y alternativas se han identificado más de 40 proyectos, estructurados sobre la base de la disponibilidad de recursos y potencialidades en el Caribe, con miras a la diversificación de las matrices energéticas. Asimismo, se elaboró un estudio sobre las potencialidades de desarrollo de la industria petroquímica en la región, las materias primas para uso petroquímico, la configuración de un sistema de refinación, identificando corrientes de refinación con potencial para la industria petroquímica. En función de los resultados obtenidos, se diseñaron proyectos de manufactura de productos. Dada la importancia del gas en la diversificación de las matrices energéticas del Caribe, se diseñó el Plan Maestro de Suministro de Gas Natural en el Caribe, Centroamérica y Suramérica, con el fin de establecer distintos medios de transporte de este hidrocarburo, como gasoductos para gas natural comprimido y gas natural licuado. La implementación de este proyecto tiene como objetivo acompañar los polos petroquímicos a ser desarrollados en la región. Un nuevo espacio económico ¿Es Petrocaribe un acuerdo desventajoso para Venezuela? ¡No! Con esta iniciativa de política exterior, el país recupera su presencia en un espacio que le es natural, debido no sólo a la cercanía geográfica, sino a las profundas afinidades culturales e históricas que unen a nuestros pueblos. En el pasado, Venezuela había cedido este espacio ante las transnacionales y los intermediarios, quienes hicieron de esta región un “mercado premium”, pues al dominar todos los eslabones de la cadena de comercialización, eran quienes establecían las reglas y los precios. El país con la gigantesca reserva de hidrocarburos, miraba con indiferencia a unos vecinos dominados por el poder transnacional. Al regresar a este espacio, Venezuela lo hace planteando un nuevo paradigma, que rebate las reglas mercantiles que regían el mercado energético regional e incentivando con solidaridad y sinceridad la recuperación y afianzamiento de la soberanía e independencia de los países. Dentro de la estrategia geopolítica venezolana de construcción de un mundo pluripolar, Petrocaribe se prepara para dar un salto y convertir a la región, a partir de las potencialidades de los países que la integran, en un polo de desarrollo. Un espacio económico que permita resolver, en conjunto, los problemas comunes, pero que también sirva para asistir como bloque a las negociaciones con otras potencias, independientemente de su tamaño. Convencido está el presidente venezolano, Hugo Chávez, de que en un futuro no muy lejano los países del Caribe pueden establecer alianzas estratégicas con otras naciones con economías fuertes, tales como China, Rusia y otros países amigos de Venezuela. “Claro que podemos hacerlo, y juntos con más razón”, dijo el mandatario. Tal como concluyó el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, este grupo de países que ha apostado por el camino del comercio justo, que toma en cuenta las disparidades existentes entre las economías de las diversas naciones y que no condiciona el diálogo, la cooperación ni la búsqueda conjunta de soluciones. Los países que integran Petrocaribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. Principios
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ALBA
| La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es una iniciativa de integración para los países de América Latina y el Caribe, promovida por la República Bolivariana de Venezuela, inspirada en el más grande sueño de nuestro Libertador, Simón Bolívar: “Ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”. La propuesta del ALBA la formuló por primera vez el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita, al noreste de Venezuela, en diciembre de 2001. Esta propuesta de unir a los países de América Latina y el Caribe en un solo bloque económico, político y social resume los principios rectores de una verdadera integración latinoamericana y caribeña basada en la justicia, la solidaridad, la equidad, la cooperación, la complementariedad, la voluntad común de avanzar, el desarrollo equitativo y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, con énfasis en el desarrollo humano y social, además del político y económico. Ideológicamente el ALBA está sustentada en el pensamiento de los próceres latinoamericanos Simón Bolívar, José Martí, Antonio José de Sucre, Bernardo O’Higgins, José de San Martín, Augusto César Sandino, entre otros, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que nieguen el objetivo de construir la Patria Grande Latinoamericana que soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras. La propuesta integracionista del ALBA se contrapone a la neoliberal Área de Libre Comercio para las Américas (Alca), formulada por Estados Unidos en la primera Cumbre de las Américas, realizada en 1994. De entrar en vigor, el Alca constituiría desde el punto de vista político la desunión de los países latinoamericanos y niveles de dependencia y subordinación sin precedentes; desde el punto de vista económico contribuiría a la desnacionalización de las economías y significaría la profundización del neoliberalismo; y desde el punto de vista social traería mayor pobreza y desesperación para los sectores mayoritarios de nuestros países. Frente al modelo capitalista, mercantilista, centrado en el desarrollo económico, depredador y profundizador de las desigualdades propuesto por el ALCA, el ALBA propone la búsqueda de un desarrollo en armonía con el entorno, sustentable en el tiempo, acorde con las potencialidades, sin discriminación y orientado fundamentalmente hacia la igualdad social. |
Petrosur
| Petrosur es un habilitador político y comercial promovido por la República Bolivariana de Venezuela, dirigido a establecer mecanismos de cooperación e integración sobre la base de la complementariedad y haciendo un uso justo y democrático de los recursos energéticos para el mejoramiento socioeconómico de sus pueblos. Esta iniciativa reconoce la importancia de fomentar cooperación y alianzas estratégicas entre las compañías petroleras estatales de Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela: Petróleos Brasileiros (Petrobras), Energía Argentina S.A. (Enarsa); Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para que desarrollen de manera integral negocios en toda la cadena de los hidrocarburos. Con Petrosur se busca minimizar los efectos negativos que sobre los países de la región tienen los costos de la energía originados por factores especulativos y geopolíticos, mediante la disminución de los costos de las transacciones (eliminando la intermediación), el acceso a financiamiento preferencial y el aprovechamiento de las sinergias comerciales para solventar las asimetrías económicas y sociales de la región. |
El Mercado Común del Sur (Mercosur), en portugués Mercado Comum do Sul (Mercosul), en guaraní Ñemby Ñemuha es una unión subregional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Venezuela en proceso de incorporación. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, estableciendo:
k* La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países; a* El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común; t* La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes; x* La armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
En la práctica, estos objetivos se han logrado sólo parcialmente. En efecto, la liberalización del comercio dentro del bloque todavía no se ha logrado plenamente. Por ejemplo, si bien existe un arancel externo común, el mismo tiene numerosas excepciones, que, en la jerga aduanera, se conocen como "perforaciones": cada Estado puede confeccionar una lista de aquellos productos a los cuales el arancel externo común no se aplica. Dicha lista puede ser más extensa en el caso de Uruguay y Paraguay (pues así se ha convenido, por ser estos dos los países menos desarrollados del bloque), y todos pueden actualizarla semestralmente. Tampoco existe una concreta coordinación de las políticas comerciales entre los Estados miembros.
Los idiomas oficiales de Mercosur son el español, guaraní y el portugués. El nombre del acuerdo en portugués es Mercado Comum do Sul (Mercosul) y en guaraní Ñemby Ñemuha.
UNASUR
Somos una comunidad de cuatro países que decidimos unirnos voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante
la integración andina, suramericana y latinoamericana.
Nos hemos propuesto avanzar en la profundización de una integración integral que contribuya de manera efectiva al desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías que aglutine las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
la integración andina, suramericana y latinoamericana.
Nos hemos propuesto avanzar en la profundización de una integración integral que contribuya de manera efectiva al desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías que aglutine las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
RADIO DEL SUR
la Radio del Sur permitirá articular los esfuerzos de muchos países en pro del fortalecimiento de un nuevo orden comunicacional que privilegie la solidaridad y la integración de los pueblos
OEA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un organismo regional panamericanista con el objetivo de ser un foro político para el diálogo multilateral, integración y la toma de decisiones de ámbito americano creado en mayo de 1948. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover el crecimiento sostenible en América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la organización son el castellano, el portugués, el inglés y el francés. Sus siglas en castellano son OEA y en inglés OAS (Organization of American States).
LA POLÍTICA EXTERIOR DE 1958 A 1999
La política exterior de Venezuela tuvo desde el año de 1958 hasta el año 1999, un marco legal-institucional que fue la Constitución Nacional del año 1961. Este marco legal marcó un estilo diplomático basado en un conjunto de disposiciones: i) unos principios generales expresados en el preámbulo de la carta magna: el carácter pacífico del país, la procura de la integración económica, el deber de cooperar internacionalmente, la promoción de la democracia y otros conceptos emanados de la Carta de las Naciones Unidas; ii) la discrecionalidad del Presidente de la República en el ámbito de la política exterior; iii) el carácter petrolero de la nación, pero en función de promotor de una economía diversificada; iiii) el desarrollo de varias identidades de una política exterior a su vez andina, caribeña, hemisférica, tercermundista y amazónica (Romero, 2002). Esto generó un patrimonio histórico en donde destaca una política exterior activa, con demasiados frentes y compromisos, la presencia del tema fronterizo, dados los contenciosos que se sostienen con Colombia (diferendo sobre áreas marinas y submarinas), y con Guyana (reclamación venezolana sobre el territorio esequibo); al mismo tiempo, en un nivel regional, Venezuela se mostró a favor de la integración para ser considerada por Estados Unidos como un socio confiable y seguro, dada la estabilidad democrática del país y su función de proveedor de petróleo.
Tanto el carácter institucional como el propio patrimonio histórico sirvieron de base para lograr unos fines y objetivos determinados: una estabilidad interna y un ambiente externo seguros, la procura para llegar a tomar decisiones con base en un consenso político, la existencia de condiciones estables para el desarrollo de la industria petrolera y la exportación de petróleo, las negociaciones con los países vecinos de manera pacífica y la participación en las organizaciones internacionales.
Desde el punto de vista histórico, Venezuela desarrolló una política exterior activa en donde se destacaba el peso del Poder Ejecutivo y una conducta consensual. De esta forma, se pueden clasificar cuatro etapas en la política exterior de Venezuela: de 1958 a 1967, aproximadamente, en donde la diplomacia venezolana se concentró en la búsqueda de la consolidación democrática en el país y en la región, en impulsar el proceso de sustitución de importaciones, en promover la creación de la OPEP (sin el sacrificio de perder una relación petrolera especial con Washington) para buscar mejores precios petroleros, en impulsar la Doctrina Betancourt (orientada en el no reconocimiento de gobiernos de fuerza que surgieran en América Latina y el Caribe producto del derrocamiento de un gobierno civil), y en la defensa de la seguridad regional y nacional frente a la injerencia cubana-soviética.
De 1967 hasta 1980, aproximadamente, la política exterior de Venezuela se formuló con el fin de respaldar la estabilidad democrática de la experiencia venezolana, en abrir la agenda exterior hacia los temas económicos de la integración, participando en la ALAC (hoy Aladi), en el Pacto Andino (hoy Comunidad Andina), de forma plena en la OPEP y retomando los problemas fronterizos.
Una consideración especial merece el primer Gobierno de Rafael Caldera, dado que el año 1972 está comprendido en ese período. El tiempo en que transcurre el Gobierno de Caldera presentó importantes transformaciones en la política internacional. Ésta estuvo caracterizada por la reformulación de la política exterior de Estados Unidos con la llegada a la presidencia de ese país de Richard Nixon en 1969 y con él, tanto como asesor presidencial como secretario de Estado, de Henry Kissinger.
La era Nixon-Kissinger va a estar caracterizada por la búsqueda de un equilibrio mundial entre las superpotencias conocido como la “distensión”. Estados Unidos buscó un balance de poderes que descansaba más en la negociación política que en la confrontación militar e ideológica, a través de la reformulación de las relaciones con la Unión Soviética, el acercamiento a los aliados occidentales y la apertura con China para alterar el balance bipolar. Al darse ese equilibrio, el de la distensión internacional, y al flexibilizarse el estado de las relaciones internacionales, se permitió el auge del llamado tercermundismo, los mecanismos de integración económica regional y el desarrollo de políticas autónomas de parte de pequeños países (Kissinger, 1979).
Durante el Gobierno de Caldera (1969-1974), América Latina transitó por el auge del nacionalismo económico representado en la experiencia chilena de Allende, el gobierno militar de Perú, el liderazgo de Torrijos en Panamá y la descolonización y activismo internacionales de los países angloparlantes del Caribe. Al mismo tiempo, Cuba fortaleció sus nexos con la Unión Soviética e inició el llamado proceso de institucionalización de la revolución, reestableciendo relaciones diplomáticas con países de la región (Mesa-Lago, 1978).
El contexto político interno que caracterizó al primer Gobierno de Caldera fue de gran estabilidad, al ser elegido por primera vez como presidente de la república un candidato de la oposición en elecciones libres, por el crecimiento del bipartidismo y la concentración del poder, por la desaparición de un peligro inminente de una insurrección militar y por el inicio de la política de pacificación, a fin de erradicar los movimientos guerrilleros que todavía operaban en algunas zonas del país.
El Gobierno de Caldera entendió que, dadas las nuevas características del ambiente internacional y el ambiente regional, era necesario reformular el concepto de seguridad más conveniente para Venezuela. Por otra parte, Caldera comprendió que a raíz de la ejecución de la política denominada “Doctrina Betancourt” (cuyas bases ya se mencionaron) y por el hecho de la reclamación venezolana por el territorio esequibo (perteneciente a Guyana), el país se encontraba dentro de un aislamiento político y frente a un ambiente internacional que comenzaba a cambiar.
Para salir de esa circunstancia, Caldera promovió un acercamiento con los nuevos países del Caribe, comenzó a establecer las pautas para lograr un modus vivendi con Cuba, firmó el Protocolo de Puerto España a fin de congelar con Guyana por doce años la controversia sobre la reclamación venezolana del territorio esequibo con base en lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra, promovió unas negociaciones con Colombia a fin de estudiar el contencioso que mantenía con ese país sobre el diferendo sobre áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela (iniciadas en 1969 e interrumpidas en 1973), promovió la aceptación de Venezuela en el naciente Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) y finalmente restableció relaciones diplomáticas con gobiernos autoritarios, dejando de lado la Doctrina Betancourt y lanzando la tesis del “pluralismo ideológico”. El pluralismo ideológico consistió, en la promulgación de unos principios contrarios a la Doctrina Betancourt, en donde se partía de la base que era posible convivir regionalmente con regímenes y sistemas económicos diversos en sus ideas y formas políticas (Calvani, 1976).
En conclusión, dado el proceso de consolidación del sistema democrático en Venezuela y la desaparición de una amenaza de agresión, Venezuela pudo adelantar una política más activa al nivel mundial (junto con el acercamiento a Asia y África), promover la democracia en el continente (a fin de superar el aislamiento de los regímenes militares y apoyar a sectores de oposición) y responder a un pragmatismo y un optimismo políticos que definieron la década de los setenta.
De 1980 a 1988, la política exterior de Venezuela se vio limitada en su extensión mundial, dada la caída de los precios petroleros (con la excepción de los años 1980 y 1981), el peso de la deuda externa, la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, a partir de 1983 y la aparición de tensiones políticas internas y no consensuales en la política exterior, concentrándose así en una actuación regional, fortaleciendo las opciones pacíficas, como fue el caso del Grupo de Contadora, y fortaleciendo a dirigentes y partidos de centro organizados en la región.
Desde 1989, aproximadamente, dada la convergencia del impacto de los cambios globales con el deterioro de la situación política en Venezuela, las relaciones internacionales de Venezuela se van a caracterizar por ser más complejas y variadas. Con la segunda presidencia del presidente Pérez (1989-1993) se adoptaron las políticas en boga dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), aunque originaron una profunda reacción negativa en la población (es decir, la receta del Consenso de Washington), retomándose el activismo de la política exterior de Venezuela, pero, a diferencia de otros países latinoamericanos, sin sacrificar las múltiples identidades de Venezuela en el exterior. De hecho, Carlos Andrés Pérez volvió a practicar la política de las “dos manos” que caracterizó a su primer gobierno, vale decir, oscilando entre un internacionalismo menos tercermundista y más orientado hacia los temas comerciales de cooperación Norte-Sur y de integración económica, y un regionalismo hemisférico más comprometido con la apertura económica y la democratización. Esto dio lugar a una política exterior hiperactiva que provocó mucha irritación en Venezuela, constituyéndose en una de las principales causas que provocaron los dos intentos de golpe de Estado en el año 1992.
Con la salida del Pérez de la Presidencia de la República en mayo de 1993 y la llegada de los presidentes interinos Octavio Lepage (mayo-julio de 1993) y Ramón J. Velásquez, desde julio de 1993 y quien terminó el período presidencial en febrero de 1994, la política exterior de Venezuela se concentró en lograr el apoyo de Washington y de América Latina a la democracia venezolana y la convocatoria a elecciones presidenciales de diciembre de 1993.
Rafael Caldera llegó por segunda vez a la presidencia de la república en febrero de 1994 (Caldera había ganado las elecciones presidenciales de diciembre de 1993). Si bien desde el punto de vista estratégico no hubo ninguna discrepancia importante que permitiera pensar que el Gobierno de Caldera iba hacia la sumisión o el enfrentamiento con EE UU, sí hubo a un nivel táctico algunas discrepancias que enfriaron las relaciones. Por una parte, el Gobierno de Caldera observó con escepticismo todo el proceso de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y la apertura económica defendida por Washington (de hecho promulgó en sus dos primeros años una política económica estatista y de controles). Al mismo tiempo, Caldera observó con asombro cómo el Gobierno de Clinton decidió apoyar la candidatura del ex presidente colombiano César Gaviria a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, eliminando así las posibilidades de triunfo del canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas, quien llevaba unos cuantos meses promocionando su opción. Por otra parte, el acercamiento de Venezuela a Brasil fue percibido por Washington como una muestra de la independencia de Venezuela al negarse entrar en el ALCA sin negociaciones regionales previas, marcando una distancia con un gobierno como el de Clinton, empeñado en profundizar las reformas neoliberales en América Latina y en colocar los temas de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los derechos humanos como prioritarios de la agenda hemisférica.
Eran los años de adaptación de un país en turbulencia dentro de una estructura internacional cambiante. Se trataba de configurar una respuesta a la nueva situación post Guerra Fría derivada del cese de la tensión bipolar, del advenimiento de nuevos actores y temas en la agenda internacional, y del intenso debate entre las posiciones neoliberales y neomarxistas que como un todo dejaba atrás la simpleza del mundo bipolar. Al Gobierno del presidente Caldera le había costado aceptar los nuevos tiempos. El entrante Gobierno de Chávez tenía una interpretación singular de los mismos.
LA POLÍTICA EXTERIOR DE 1999 HASTA NUESTROS DÍAS
Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998, era previsible que él desarrollaría una política exterior diferente a los presidentes anteriores. Su pasado como oficial del Ejército que había liderado una intentona militar en 1992, el contenido de sus pronunciamientos públicos, tanto en la cárcel como en la calle, la naturaleza de la alianza electoral que le respaldaba y sus propias opiniones sobre la materia, así lo indicaban. De la misma manera, al juramentarse Chávez como Presidente en febrero de 1999, ante lo que él mismo definió como una “Constitución moribunda”, se entendía que Chávez iniciaría una profunda reestructuración de la política en Venezuela, en términos del discurso, de su visión del mundo, de promover una nueva Constitución y de impulsar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, todo lo cual fue conocido como el desarrollo de la “Quinta República”, en una clara alusión a romper con el pasado, para así comenzar la llamada “Revolución Bolivariana”.
En la materia que nos ocupa, los dos primeros años del Gobierno de Chávez se caracterizaron por tener una política exterior que, de cierta forma, combinó compromisos históricos de Venezuela, tales como las relaciones del país con EE UU y Colombia y su permanencia en organismos multilaterales y en mecanismos de integración, junto con posiciones novedosas en términos de aspirar a una política exterior más cercana al progresismo internacional a Cuba y de aliento a movimientos populares en América Latina, así como a la promoción de la llamada democracia participativa, entendida ésta como un modelo contrario a la considerada “deficiente” democracia representativa. De esta forma, y en la medida en que pasaba el tiempo, el presidente Chávez profundizó a partir de esa fecha algunas desviaciones de nuestra política exterior, como lo son el hiperactivismo (muchos viajes y compromisos adquiridos) y el personalismo presidencial (pronunciamientos informales que indican, en su caso, una orientación radical), acompañado de una creciente falta de consenso entre el Gobierno y los factores políticos, empresariales, burocráticos e intelectuales que no sólo advertían sobre las consecuencias negativas de ese proceder, sino también sobre el giro hacia la izquierda que da la política exterior del naciente gobierno.
Dentro de este proceso la comunidad internacional, tanto al nivel mundial como hemisférico y subregional aceptó con ciertas dudas la aparición de un gobierno diferente en Venezuela. La legitimación de la victoria electoral de Chávez y sus partidarios, el apoyo popular, la debilidad de una oposición desordenada y de unos factores de poder limitados, dada la crisis general del país, más la propia habilidad del Gobierno de puntualizar sus novedosas iniciativas diplomáticas, sin llegar a la ruptura con tradiciones heredadas, permitieron a Chávez irrumpir en el escenario internacional con pocos obstáculos. De hecho, algunos gobiernos europeos y latinoamericanos simpatizan con el nuevo gobierno; el Gobierno de EEUU prefirió “esperar y ver” y otros gobiernos de izquierda (siendo el principal el cubano), aplaudieron la llegada de un nuevo socio.
Los años 1999 y 2000 presentan como consecuencia de lo anterior algunas líneas maestra y algunos casos específicos que permiten ilustrar cómo la diplomacia de Chávez combinó elementos, tanto del pasado como del presente, elementos tradicionales como no tradicionales.
En cuanto a las líneas maestra, se tiene, desde la perspectiva no tradicional, ir creando un vocabulario, unas imágenes, una visión del mundo de corte antioccidental e ir profundizando los elementos tercermundistas del pasado diplomático venezolano, en desmedro de un discurso más moderno y más occidental, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico; mantener relaciones con todos los países pero haciendo énfasis en los aliados no tradicionales de Venezuela, tales como los países miembro de la OPEP y países progresistas e incómodos como Irak, Cuba, China e Irán; promover una serie de iniciativas para desarrollar una diplomacia oficiosa y paralela, de ayuda a movimientos insurreccionales, partidos, agrupaciones y personalidades ligadas al radicalismo mundial, con especial énfasis en los circuitos latinoamericanos de izquierda (con esto, no se está haciendo algo nuevo en cuanto a las características de esa diplomacia paralela. Los gobiernos anteriores hacían lo mismo, pero los actores eran diferentes. Ellos formaban parte de la comunidad democrática mundial y reiteraban el apoyo venezolano a favor de la lucha y la reconstitución democrática en el continente); reorientar la conducta de Venezuela en los organismos multilaterales con base en los pronunciamientos verbales, el tipo de votación en esos organismos y de las alianzas de Venezuela en los mismos; respetar el cuerpo diplomático heredado del pasado y promover paralelamente nuevos embajadores afectos al Gobierno, presionando a los diplomáticos venezolanos para que militaran en la naciente “causa revolucionaria” (Romero, 2002).
En términos concretos, los fundamentos de estas líneas maestra se manifestaron, desde la perspectiva política, en la votación venezolana en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, en donde Venezuela desde 1999 le da una vuelta a su tradicional abstención en la condenatoria a la violación de los derechos humanos de algunos “países incómodos” por una votación en contra, en la actitud asumida adversa a la intervención de la ONU en el drama de la ex Yugoslavia, en el acercamiento a Cuba, Irak y China, en la promoción de la democracia participativa en el seno de la OEA, en la aparente actitud proteccionista en el seno de la Comunidad Andina, en el acercamiento a Brasil y el Mercosur a costa de la reducción de la cooperación con Colombia, en la actitud difusa del Gobierno ante el caso de Ilich Ramírez Sánchez, “El Chacal”, y su proceso judicial en Francia, en la dudosa posición oficial sobre el estatus de la guerrilla colombiana y su aparente simpatía mediadora, y en la naturaleza de algunos escollos encontrados en las relaciones con Estados Unidos en referencia a la política petrolera venezolana de reimpulsar la OPEP, el no compromiso con la política de derechos humanos hemisférica, por el debate en el seno de la OEA sobre la democracia participativa, sobre el apoyo al régimen de Fujimori en Perú, sobre el carácter inestable de las relaciones cívico-militares en Venezuela, por las orientaciones y pronunciamientos del presidente Chávez con relación a la necesidad de un mundo multipolar, la aversión a un mundo “dominado por el imperialismo”, los ataques al “capitalismo salvaje” y a los lineamientos del neoliberalismo, el rechazo a la ayuda norteamericana por la tragedia del estado Vargas (en el año 2000); la poca iniciativa venezolana en materia de la lucha contra el narcotráfico, en especial por la negativa venezolana de permitir el vuelo de naves norteamericanas sobre el espacio aéreo venezolano, la “denuncia” de la implementación de bases aéreas norteamericanas y facilidades aéreas en Ecuador, Aruba y Curazao, y finalmente, pero no por ello menos importante, por las “dudas” de Washington sobre el proceso constituyente en Venezuela y la legitimidad de la transición institucional en el país, en términos de la relegitimación de los poderes públicos y el creciente papel de los militares en la conducción del Estado. Recuérdese sobre este particular que Venezuela vivió un proceso de cambios institucionales y constitucionales en 1999. De tener una división de poderes fundamentada en la Constitución de 1961, se inició un proceso de autoliquidación de esos poderes públicos, redimensionando los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral, transitando de un Poder Legislativo bicameral a un Poder Legislativo constituyente, tanto en el ámbito de una Asamblea Constituyente convocada en junio de 1999 y que asumió sus funciones a los días de esas elecciones, para luego constituirse en una especie de Comisión Legislativa (llamado por la opinión como “El Congresillo”) hasta julio de 2000, en donde se eligió una cámara legislativa única, la Asamblea Nacional, a raíz de la promulgación de la nueva Constitución en diciembre de 1999 y en donde se refortalece la presidencia de Chávez.
Desde la perspectiva económica y desde el ángulo comercial, la política exterior de Venezuela es menos radical y menos confusa durante este tiempo. En el plano mundial Venezuela ha honrado la deuda externa, la amortización de la misma y el pago de intereses, ha promovido las inversiones extranjeras privadas en el país, en especial en las ramas energéticas, de telecomunicaciones y áreas conexas a las industrias del hierro y el aluminio. Al mismo tiempo, el Gobierno ha mantenido y adquirido nuevos compromisos de cooperación y financiamiento con organismos multilaterales y diversos gobiernos y ha desarrollado una agenda común con los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a excepción de algunos pronunciamientos en contra de la apertura de la economía y del comercio en las áreas energética y agrícola.
En el plano hemisférico, sin embargo, la situación es de mayor tensión, ya que ha estado centrada en la negativa de Venezuela en apoyar plenamente al ALCA, en promover una discusión sobre el papel de los organismos multilaterales de carácter financiero, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la implementación de los esquemas neoliberales en las economías nacionales y en la ayuda “especial” en materia energética y comercial a Cuba.
En el plano subregional, los países andinos han reclamado la actitud poco cooperativa de Venezuela en el proceso de integración comercial, las restricciones venezolanas a ciertos productos agrícolas, la implementación de cláusulas de salvaguardia a ciertos acuerdos comerciales, por la poca actuación proactiva del Gobierno de Chávez, en cuanto a las negociaciones dentro del ALCA y con el Mercado Común Suramericano (Mercosur), y la incertidumbre sobre el marco jurídico y político, lo que aumenta el riesgo-país de Venezuela.
Durante el año 2000 se profundizan estas líneas maestra, destacándose los viajes de Chávez al Medio Oriente, la radicalización de su lenguaje internacional, plasmado en sus discursos de carácter socioeconómico-radical en las Naciones Unidas durante la Asamblea General de 2000, 2001 y 2002, la concreción de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembro de la OPEP en septiembre de 2000, las visitas de Fidel Castro a Venezuela, los innumerables viajes de Chávez al exterior (signados por su improvisación y poca efectividad) y los roces con el Gobierno de Andrés Pastrana. La comunidad internacional comenzó a ver desde ese año 2000 a Chávez con una menor simpatía y un cierto pesimismo sobre su compromiso democrático dentro del país. El resurgir de la oposición en torno a la candidatura de Francisco Arias Cárdenas (antiguo aliado de Chávez en la intentona militar de 1992), y contrincante de un Chávez que buscaba ganar las elecciones presidenciales convocadas para el mes de julio de 2000, en lo que él considera desde entonces como un nuevo lapso presidencial (el primero bajo la nueva Constitución), da lugar a que surja poco a poco una oposición que se plasma en los escenarios parlamentario y mediático, este último tanto a escala nacional como también a escala hemisférica internacional, en la medida en que se va a percibiendo al Gobierno de Chávez más cercano a las tradiciones radicales populistas dentro del marco de la historia de América Latina.
En particular, se comienza a definir al Gobierno de Chávez como un gobierno que se encuentra en medio camino entre un populismo militar y un gobierno revolucionario de inspiración marxista. Desde ese entonces, la política exterior de Venezuela se va a confundir con “el tema de Venezuela”, dentro de una misma perspectiva informativa y analítica y desde dos ángulos complementarios: por una parte, la atención internacional sobre el proceso interno venezolano, y por el otro, la atención internacional sobre la diplomacia venezolana.
El año 2001 va a considerarse como un año definitorio en la política exterior de Venezuela. El inicio del primer período de Chávez dentro de la nueva Constitución va generando muchas controversias. Por una parte, los sectores reformistas y moderados dentro de la alianza que apoyó a Chávez en las elecciones de 1998 y que participó con él en las labores de gobierno comenzó a reducirse, en la medida en que, tanto los sectores que apoyaron la candidatura de Arias Cárdenas que venían del “chavismo” como algunas deserciones y renuncias de colaboradores frustrados, dio pie para que, junto con las elecciones de gobernadores, alcaldes y otros legisladores regionales y concejales municipales en 2000, más algunos cambios en la jerarquía militar y en el propio Gabinete Ejecutivo, fueran decantando la estructura de poder en Venezuela.
En el plano oficial y político de esta mayoría pro Chávez, cabe destacar el cambio del Canciller desde el inicio del Gobierno chavista, José Vicente Rangel, en enero de 2001, al ser nombrado Ministro de la Defensa. Rangel fue reemplazado por el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, quien inicia una mayor radicalización dentro de la institución, lo que permitió una mayor injerencia presidencial en los asuntos internacionales de Venezuela. Por una parte, Chávez se apoyó más en un grupo de militares afectos al régimen y de ex militares a quienes les une la obediencia a la jefatura de Chávez, las coincidencias ideológicas de profundizar la llamada Revolución Bolivariana y el acercamiento a regímenes y movimientos radicales en el ámbito mundial. Por otra parte, la oposición va generando una nueva plataforma social: la reactivación y crecimiento de una sociedad civil opositora que de manera incipiente y a veces informal demuestra por la vía de la protesta cívica su oposición a Chávez. A esto se le agrega una intensificación de las dudas parlamentarias sobre el otorgamiento de los poderes especiales que Chávez pidió a través de la Ley Habilitante de julio de 2001 y la fuerza mediática en contra del Gobierno de Chávez.
En términos concretos, la crítica opositora viene por la iniciativa de Chávez de firmar el acta constituyente del ALCA en abril de 2001, en Québec, Canadá, con dos reservas en el texto (el único país que lo hace), por la profundización del intercambio político y económico con Cuba, y por los crecientes rasgos de sectarismo del gobierno con respecto al servicio diplomático venezolano. La aprobación de una nueva ley de servicio exterior que permite abrir la inclusión de funcionarios de cualquier profesión a la carrera diplomática sin estudios previos de posgrado en la materia y la posibilidad de convocar a concursos en grados de la jerarquía diplomática por encima de la escala inferior (Tercer Secretario), atentan contra la posibilidad de una carrera diplomática profesional, a la par de las crecientes presiones para crear círculos bolivarianos dentro de la Cancillería (Los círculos bolivarianos es una forma de organizar a los partidarios del gobierno de una manera más micro y dentro del gobierno, con base en el cambio de eje de Chávez de no apoyarse ahora en un partido principal, el MVR y otros partidos que lo acompañaron desde 1998, sino más bien bajo la perspectiva de la reactivación de un frente de masas llamado “El Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000” (creado en la víspera de la asonada militar de febrero 1992 y bajo un “Comando de la Revolución”). Así, ya desde el mes de agosto de 2001 Chávez comenzó a reforzar la idea de que su gobierno estaba dentro de un proceso llamado la “Revolución Bolivariana” y se comienza a estructurar ese movimiento de masas, a impulsar acciones de calle a favor del Gobierno, a diferenciarse del sector reformista dentro de su alianza oficialista y, en términos generales, a radicalizar el proceso, abriendo unas profundas divergencias con la Iglesia católica y el empresariado organizado en Fedecámaras (cuya presidencia recae en un opositor al régimen frente a un candidato pro-régimen que saca el 20 por ciento de los votos en las elecciones internas de ese organismo realizadas en mayo de 2001).
Estas divergencias tuvieron un punto de inflexión el día 10 de diciembre de 2001, cuando la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, organismo cúpula sindical controlado por la oposición y Fedecámaras, promovieron y realizaron un paro nacional de 12 horas en contra de las políticas del Gobierno. A esto se le suma el creciente ritmo opositor de los medios de comunicación nacionales y regionales, prensa, radio y televisión y las acusaciones de Chávez de una supuesta conspiración en su contra, todo lo cual generó un clima de inestabilidad política en Venezuela.
En el año 2002 Venezuela volvió a ser noticia en el ámbito diplomático y en el ámbito informativo internacionales, no sólo por lo apuntado con relación a un choque de trenes entre el Gobierno y la oposición que se vislumbraba, sino también por los malos augurios con relación a la materia económica.
Sobre este particular cabe destacar la reducción de la tasa de inversión extranjera, dada la incertidumbre política, la baja en los precios del barril de petróleo venezolano, la reducción de las reservas internacionales, la devaluación paulatina del bolívar, un crecimiento negativo calculado en -7 por ciento, los intentos de politización de Pdvsa y la posibilidad de una inflación en materia de precios y brotes especulativos en contra del bolívar, una limitación de la capacidad de endeudamiento del Gobierno por la vía externa (riesgo-país negativo) y por la vía interna (costos de las altas tasas de interés), una crisis bancaria, el peligro de una maxidevaluación y algunos indicios de inflación, todo lo cual va a pesar en el ritmo de gasto de los venezolanos. En este marco, analistas económicos coincidieron en que el año 2002 era el primer año “malo” de la gestión económica.
Todo esto, como es lógico, infló aún más el “caso Venezuela” en el ámbito internacional. De hecho, Venezuela está bajo observación internacional y hemisférica. Los pronunciamientos del Gobierno de EE UU sobre la falta de apoyo de Venezuela a la lucha antiterrorista (todo lo concerniente al cambio de la política exterior de EE UU, a partir del 11 de septiembre y la reducción del índice de autonomía de los países problema), los sucesivos escándalos sobre la presunta injerencia venezolana en los asuntos internos de Colombia y a favor de la guerrilla que opera en ese país, los actos de masas de la oposición, la insubordinación de oficiales de la Fuerza Armada Venezolana y las presuntas presiones anti Chávez en esa institución, el escrutinio de la OEA sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela y sobre la libertad de prensa; éstos y otros puntos, como el posible aislamiento de Venezuela del sistema interamericano (por una eventual acusación de violación de la Carta de la OEA firmada por Venezuela casualmente ese 11 de septiembre de 2002), más otras consideraciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, conforman un estado crítico para el Gobierno de Chávez.
Al mismo tiempo, cabe destacar el cierre paulatino de las negociaciones y la consulta por parte del Gobierno, los nombramientos ministeriales de militares retirados y la promoción del sector radical marxista dentro de la alianza política oficialista, simbolizado en el nombramiento del nuevo Presidente de Pdvsa.
Mención aparte merece la interrupción del Gobierno de Chávez, la consecuencia de un golpe de Estado promovido por civiles y militares opositores a Chávez el pasado mes de abril de 2002 y la condena inmediata de la Organización de Estados Americanos y de otros países apoyándose en la Carta de la OEA, acción esta que demostró cómo la globalización y el reconocimiento internacional de un gobierno son elementos fundamentales para la seguridad democrática de un país (Romero, 2002).
Con base en todas estas consideraciones y tomando en cuenta la idea central de este artículo, tal es la de comparar lo que era el mundo y Venezuela en 1972 y lo que eran en 2002, puede concluirse que se mantienen los pilares fundamentales de la diplomacia venezolana, democracia y petróleo. Sin embargo, el entorno internacional y el entorno nacional han cambiado, lo cual significa que los lineamientos de la política exterior de Venezuela también han experimentado profundas transformaciones. Por ello, 1972 no es lo mismo que 2002, son treinta años de una presencia internacional, cristalizada en dos etapas de nuestra política exterior, con muchas similitudes pero sobre todo con varias e importantes diferencias.
La política exterior de Venezuela tuvo desde el año de 1958 hasta el año 1999, un marco legal-institucional que fue la Constitución Nacional del año 1961. Este marco legal marcó un estilo diplomático basado en un conjunto de disposiciones: i) unos principios generales expresados en el preámbulo de la carta magna: el carácter pacífico del país, la procura de la integración económica, el deber de cooperar internacionalmente, la promoción de la democracia y otros conceptos emanados de la Carta de las Naciones Unidas; ii) la discrecionalidad del Presidente de la República en el ámbito de la política exterior; iii) el carácter petrolero de la nación, pero en función de promotor de una economía diversificada; iiii) el desarrollo de varias identidades de una política exterior a su vez andina, caribeña, hemisférica, tercermundista y amazónica (Romero, 2002). Esto generó un patrimonio histórico en donde destaca una política exterior activa, con demasiados frentes y compromisos, la presencia del tema fronterizo, dados los contenciosos que se sostienen con Colombia (diferendo sobre áreas marinas y submarinas), y con Guyana (reclamación venezolana sobre el territorio esequibo); al mismo tiempo, en un nivel regional, Venezuela se mostró a favor de la integración para ser considerada por Estados Unidos como un socio confiable y seguro, dada la estabilidad democrática del país y su función de proveedor de petróleo.
Tanto el carácter institucional como el propio patrimonio histórico sirvieron de base para lograr unos fines y objetivos determinados: una estabilidad interna y un ambiente externo seguros, la procura para llegar a tomar decisiones con base en un consenso político, la existencia de condiciones estables para el desarrollo de la industria petrolera y la exportación de petróleo, las negociaciones con los países vecinos de manera pacífica y la participación en las organizaciones internacionales.
Desde el punto de vista histórico, Venezuela desarrolló una política exterior activa en donde se destacaba el peso del Poder Ejecutivo y una conducta consensual. De esta forma, se pueden clasificar cuatro etapas en la política exterior de Venezuela: de 1958 a 1967, aproximadamente, en donde la diplomacia venezolana se concentró en la búsqueda de la consolidación democrática en el país y en la región, en impulsar el proceso de sustitución de importaciones, en promover la creación de la OPEP (sin el sacrificio de perder una relación petrolera especial con Washington) para buscar mejores precios petroleros, en impulsar la Doctrina Betancourt (orientada en el no reconocimiento de gobiernos de fuerza que surgieran en América Latina y el Caribe producto del derrocamiento de un gobierno civil), y en la defensa de la seguridad regional y nacional frente a la injerencia cubana-soviética.
De 1967 hasta 1980, aproximadamente, la política exterior de Venezuela se formuló con el fin de respaldar la estabilidad democrática de la experiencia venezolana, en abrir la agenda exterior hacia los temas económicos de la integración, participando en la ALAC (hoy Aladi), en el Pacto Andino (hoy Comunidad Andina), de forma plena en la OPEP y retomando los problemas fronterizos.
Una consideración especial merece el primer Gobierno de Rafael Caldera, dado que el año 1972 está comprendido en ese período. El tiempo en que transcurre el Gobierno de Caldera presentó importantes transformaciones en la política internacional. Ésta estuvo caracterizada por la reformulación de la política exterior de Estados Unidos con la llegada a la presidencia de ese país de Richard Nixon en 1969 y con él, tanto como asesor presidencial como secretario de Estado, de Henry Kissinger.
La era Nixon-Kissinger va a estar caracterizada por la búsqueda de un equilibrio mundial entre las superpotencias conocido como la “distensión”. Estados Unidos buscó un balance de poderes que descansaba más en la negociación política que en la confrontación militar e ideológica, a través de la reformulación de las relaciones con la Unión Soviética, el acercamiento a los aliados occidentales y la apertura con China para alterar el balance bipolar. Al darse ese equilibrio, el de la distensión internacional, y al flexibilizarse el estado de las relaciones internacionales, se permitió el auge del llamado tercermundismo, los mecanismos de integración económica regional y el desarrollo de políticas autónomas de parte de pequeños países (Kissinger, 1979).
Durante el Gobierno de Caldera (1969-1974), América Latina transitó por el auge del nacionalismo económico representado en la experiencia chilena de Allende, el gobierno militar de Perú, el liderazgo de Torrijos en Panamá y la descolonización y activismo internacionales de los países angloparlantes del Caribe. Al mismo tiempo, Cuba fortaleció sus nexos con la Unión Soviética e inició el llamado proceso de institucionalización de la revolución, reestableciendo relaciones diplomáticas con países de la región (Mesa-Lago, 1978).
El contexto político interno que caracterizó al primer Gobierno de Caldera fue de gran estabilidad, al ser elegido por primera vez como presidente de la república un candidato de la oposición en elecciones libres, por el crecimiento del bipartidismo y la concentración del poder, por la desaparición de un peligro inminente de una insurrección militar y por el inicio de la política de pacificación, a fin de erradicar los movimientos guerrilleros que todavía operaban en algunas zonas del país.
El Gobierno de Caldera entendió que, dadas las nuevas características del ambiente internacional y el ambiente regional, era necesario reformular el concepto de seguridad más conveniente para Venezuela. Por otra parte, Caldera comprendió que a raíz de la ejecución de la política denominada “Doctrina Betancourt” (cuyas bases ya se mencionaron) y por el hecho de la reclamación venezolana por el territorio esequibo (perteneciente a Guyana), el país se encontraba dentro de un aislamiento político y frente a un ambiente internacional que comenzaba a cambiar.
Para salir de esa circunstancia, Caldera promovió un acercamiento con los nuevos países del Caribe, comenzó a establecer las pautas para lograr un modus vivendi con Cuba, firmó el Protocolo de Puerto España a fin de congelar con Guyana por doce años la controversia sobre la reclamación venezolana del territorio esequibo con base en lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra, promovió unas negociaciones con Colombia a fin de estudiar el contencioso que mantenía con ese país sobre el diferendo sobre áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela (iniciadas en 1969 e interrumpidas en 1973), promovió la aceptación de Venezuela en el naciente Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) y finalmente restableció relaciones diplomáticas con gobiernos autoritarios, dejando de lado la Doctrina Betancourt y lanzando la tesis del “pluralismo ideológico”. El pluralismo ideológico consistió, en la promulgación de unos principios contrarios a la Doctrina Betancourt, en donde se partía de la base que era posible convivir regionalmente con regímenes y sistemas económicos diversos en sus ideas y formas políticas (Calvani, 1976).
En conclusión, dado el proceso de consolidación del sistema democrático en Venezuela y la desaparición de una amenaza de agresión, Venezuela pudo adelantar una política más activa al nivel mundial (junto con el acercamiento a Asia y África), promover la democracia en el continente (a fin de superar el aislamiento de los regímenes militares y apoyar a sectores de oposición) y responder a un pragmatismo y un optimismo políticos que definieron la década de los setenta.
De 1980 a 1988, la política exterior de Venezuela se vio limitada en su extensión mundial, dada la caída de los precios petroleros (con la excepción de los años 1980 y 1981), el peso de la deuda externa, la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, a partir de 1983 y la aparición de tensiones políticas internas y no consensuales en la política exterior, concentrándose así en una actuación regional, fortaleciendo las opciones pacíficas, como fue el caso del Grupo de Contadora, y fortaleciendo a dirigentes y partidos de centro organizados en la región.
Desde 1989, aproximadamente, dada la convergencia del impacto de los cambios globales con el deterioro de la situación política en Venezuela, las relaciones internacionales de Venezuela se van a caracterizar por ser más complejas y variadas. Con la segunda presidencia del presidente Pérez (1989-1993) se adoptaron las políticas en boga dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), aunque originaron una profunda reacción negativa en la población (es decir, la receta del Consenso de Washington), retomándose el activismo de la política exterior de Venezuela, pero, a diferencia de otros países latinoamericanos, sin sacrificar las múltiples identidades de Venezuela en el exterior. De hecho, Carlos Andrés Pérez volvió a practicar la política de las “dos manos” que caracterizó a su primer gobierno, vale decir, oscilando entre un internacionalismo menos tercermundista y más orientado hacia los temas comerciales de cooperación Norte-Sur y de integración económica, y un regionalismo hemisférico más comprometido con la apertura económica y la democratización. Esto dio lugar a una política exterior hiperactiva que provocó mucha irritación en Venezuela, constituyéndose en una de las principales causas que provocaron los dos intentos de golpe de Estado en el año 1992.
Con la salida del Pérez de la Presidencia de la República en mayo de 1993 y la llegada de los presidentes interinos Octavio Lepage (mayo-julio de 1993) y Ramón J. Velásquez, desde julio de 1993 y quien terminó el período presidencial en febrero de 1994, la política exterior de Venezuela se concentró en lograr el apoyo de Washington y de América Latina a la democracia venezolana y la convocatoria a elecciones presidenciales de diciembre de 1993.
Rafael Caldera llegó por segunda vez a la presidencia de la república en febrero de 1994 (Caldera había ganado las elecciones presidenciales de diciembre de 1993). Si bien desde el punto de vista estratégico no hubo ninguna discrepancia importante que permitiera pensar que el Gobierno de Caldera iba hacia la sumisión o el enfrentamiento con EE UU, sí hubo a un nivel táctico algunas discrepancias que enfriaron las relaciones. Por una parte, el Gobierno de Caldera observó con escepticismo todo el proceso de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y la apertura económica defendida por Washington (de hecho promulgó en sus dos primeros años una política económica estatista y de controles). Al mismo tiempo, Caldera observó con asombro cómo el Gobierno de Clinton decidió apoyar la candidatura del ex presidente colombiano César Gaviria a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, eliminando así las posibilidades de triunfo del canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas, quien llevaba unos cuantos meses promocionando su opción. Por otra parte, el acercamiento de Venezuela a Brasil fue percibido por Washington como una muestra de la independencia de Venezuela al negarse entrar en el ALCA sin negociaciones regionales previas, marcando una distancia con un gobierno como el de Clinton, empeñado en profundizar las reformas neoliberales en América Latina y en colocar los temas de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los derechos humanos como prioritarios de la agenda hemisférica.
Eran los años de adaptación de un país en turbulencia dentro de una estructura internacional cambiante. Se trataba de configurar una respuesta a la nueva situación post Guerra Fría derivada del cese de la tensión bipolar, del advenimiento de nuevos actores y temas en la agenda internacional, y del intenso debate entre las posiciones neoliberales y neomarxistas que como un todo dejaba atrás la simpleza del mundo bipolar. Al Gobierno del presidente Caldera le había costado aceptar los nuevos tiempos. El entrante Gobierno de Chávez tenía una interpretación singular de los mismos.
LA POLÍTICA EXTERIOR DE 1999 HASTA NUESTROS DÍAS
Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998, era previsible que él desarrollaría una política exterior diferente a los presidentes anteriores. Su pasado como oficial del Ejército que había liderado una intentona militar en 1992, el contenido de sus pronunciamientos públicos, tanto en la cárcel como en la calle, la naturaleza de la alianza electoral que le respaldaba y sus propias opiniones sobre la materia, así lo indicaban. De la misma manera, al juramentarse Chávez como Presidente en febrero de 1999, ante lo que él mismo definió como una “Constitución moribunda”, se entendía que Chávez iniciaría una profunda reestructuración de la política en Venezuela, en términos del discurso, de su visión del mundo, de promover una nueva Constitución y de impulsar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, todo lo cual fue conocido como el desarrollo de la “Quinta República”, en una clara alusión a romper con el pasado, para así comenzar la llamada “Revolución Bolivariana”.
En la materia que nos ocupa, los dos primeros años del Gobierno de Chávez se caracterizaron por tener una política exterior que, de cierta forma, combinó compromisos históricos de Venezuela, tales como las relaciones del país con EE UU y Colombia y su permanencia en organismos multilaterales y en mecanismos de integración, junto con posiciones novedosas en términos de aspirar a una política exterior más cercana al progresismo internacional a Cuba y de aliento a movimientos populares en América Latina, así como a la promoción de la llamada democracia participativa, entendida ésta como un modelo contrario a la considerada “deficiente” democracia representativa. De esta forma, y en la medida en que pasaba el tiempo, el presidente Chávez profundizó a partir de esa fecha algunas desviaciones de nuestra política exterior, como lo son el hiperactivismo (muchos viajes y compromisos adquiridos) y el personalismo presidencial (pronunciamientos informales que indican, en su caso, una orientación radical), acompañado de una creciente falta de consenso entre el Gobierno y los factores políticos, empresariales, burocráticos e intelectuales que no sólo advertían sobre las consecuencias negativas de ese proceder, sino también sobre el giro hacia la izquierda que da la política exterior del naciente gobierno.
Dentro de este proceso la comunidad internacional, tanto al nivel mundial como hemisférico y subregional aceptó con ciertas dudas la aparición de un gobierno diferente en Venezuela. La legitimación de la victoria electoral de Chávez y sus partidarios, el apoyo popular, la debilidad de una oposición desordenada y de unos factores de poder limitados, dada la crisis general del país, más la propia habilidad del Gobierno de puntualizar sus novedosas iniciativas diplomáticas, sin llegar a la ruptura con tradiciones heredadas, permitieron a Chávez irrumpir en el escenario internacional con pocos obstáculos. De hecho, algunos gobiernos europeos y latinoamericanos simpatizan con el nuevo gobierno; el Gobierno de EEUU prefirió “esperar y ver” y otros gobiernos de izquierda (siendo el principal el cubano), aplaudieron la llegada de un nuevo socio.
Los años 1999 y 2000 presentan como consecuencia de lo anterior algunas líneas maestra y algunos casos específicos que permiten ilustrar cómo la diplomacia de Chávez combinó elementos, tanto del pasado como del presente, elementos tradicionales como no tradicionales.
En cuanto a las líneas maestra, se tiene, desde la perspectiva no tradicional, ir creando un vocabulario, unas imágenes, una visión del mundo de corte antioccidental e ir profundizando los elementos tercermundistas del pasado diplomático venezolano, en desmedro de un discurso más moderno y más occidental, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico; mantener relaciones con todos los países pero haciendo énfasis en los aliados no tradicionales de Venezuela, tales como los países miembro de la OPEP y países progresistas e incómodos como Irak, Cuba, China e Irán; promover una serie de iniciativas para desarrollar una diplomacia oficiosa y paralela, de ayuda a movimientos insurreccionales, partidos, agrupaciones y personalidades ligadas al radicalismo mundial, con especial énfasis en los circuitos latinoamericanos de izquierda (con esto, no se está haciendo algo nuevo en cuanto a las características de esa diplomacia paralela. Los gobiernos anteriores hacían lo mismo, pero los actores eran diferentes. Ellos formaban parte de la comunidad democrática mundial y reiteraban el apoyo venezolano a favor de la lucha y la reconstitución democrática en el continente); reorientar la conducta de Venezuela en los organismos multilaterales con base en los pronunciamientos verbales, el tipo de votación en esos organismos y de las alianzas de Venezuela en los mismos; respetar el cuerpo diplomático heredado del pasado y promover paralelamente nuevos embajadores afectos al Gobierno, presionando a los diplomáticos venezolanos para que militaran en la naciente “causa revolucionaria” (Romero, 2002).
En términos concretos, los fundamentos de estas líneas maestra se manifestaron, desde la perspectiva política, en la votación venezolana en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, en donde Venezuela desde 1999 le da una vuelta a su tradicional abstención en la condenatoria a la violación de los derechos humanos de algunos “países incómodos” por una votación en contra, en la actitud asumida adversa a la intervención de la ONU en el drama de la ex Yugoslavia, en el acercamiento a Cuba, Irak y China, en la promoción de la democracia participativa en el seno de la OEA, en la aparente actitud proteccionista en el seno de la Comunidad Andina, en el acercamiento a Brasil y el Mercosur a costa de la reducción de la cooperación con Colombia, en la actitud difusa del Gobierno ante el caso de Ilich Ramírez Sánchez, “El Chacal”, y su proceso judicial en Francia, en la dudosa posición oficial sobre el estatus de la guerrilla colombiana y su aparente simpatía mediadora, y en la naturaleza de algunos escollos encontrados en las relaciones con Estados Unidos en referencia a la política petrolera venezolana de reimpulsar la OPEP, el no compromiso con la política de derechos humanos hemisférica, por el debate en el seno de la OEA sobre la democracia participativa, sobre el apoyo al régimen de Fujimori en Perú, sobre el carácter inestable de las relaciones cívico-militares en Venezuela, por las orientaciones y pronunciamientos del presidente Chávez con relación a la necesidad de un mundo multipolar, la aversión a un mundo “dominado por el imperialismo”, los ataques al “capitalismo salvaje” y a los lineamientos del neoliberalismo, el rechazo a la ayuda norteamericana por la tragedia del estado Vargas (en el año 2000); la poca iniciativa venezolana en materia de la lucha contra el narcotráfico, en especial por la negativa venezolana de permitir el vuelo de naves norteamericanas sobre el espacio aéreo venezolano, la “denuncia” de la implementación de bases aéreas norteamericanas y facilidades aéreas en Ecuador, Aruba y Curazao, y finalmente, pero no por ello menos importante, por las “dudas” de Washington sobre el proceso constituyente en Venezuela y la legitimidad de la transición institucional en el país, en términos de la relegitimación de los poderes públicos y el creciente papel de los militares en la conducción del Estado. Recuérdese sobre este particular que Venezuela vivió un proceso de cambios institucionales y constitucionales en 1999. De tener una división de poderes fundamentada en la Constitución de 1961, se inició un proceso de autoliquidación de esos poderes públicos, redimensionando los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral, transitando de un Poder Legislativo bicameral a un Poder Legislativo constituyente, tanto en el ámbito de una Asamblea Constituyente convocada en junio de 1999 y que asumió sus funciones a los días de esas elecciones, para luego constituirse en una especie de Comisión Legislativa (llamado por la opinión como “El Congresillo”) hasta julio de 2000, en donde se eligió una cámara legislativa única, la Asamblea Nacional, a raíz de la promulgación de la nueva Constitución en diciembre de 1999 y en donde se refortalece la presidencia de Chávez.
Desde la perspectiva económica y desde el ángulo comercial, la política exterior de Venezuela es menos radical y menos confusa durante este tiempo. En el plano mundial Venezuela ha honrado la deuda externa, la amortización de la misma y el pago de intereses, ha promovido las inversiones extranjeras privadas en el país, en especial en las ramas energéticas, de telecomunicaciones y áreas conexas a las industrias del hierro y el aluminio. Al mismo tiempo, el Gobierno ha mantenido y adquirido nuevos compromisos de cooperación y financiamiento con organismos multilaterales y diversos gobiernos y ha desarrollado una agenda común con los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a excepción de algunos pronunciamientos en contra de la apertura de la economía y del comercio en las áreas energética y agrícola.
En el plano hemisférico, sin embargo, la situación es de mayor tensión, ya que ha estado centrada en la negativa de Venezuela en apoyar plenamente al ALCA, en promover una discusión sobre el papel de los organismos multilaterales de carácter financiero, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la implementación de los esquemas neoliberales en las economías nacionales y en la ayuda “especial” en materia energética y comercial a Cuba.
En el plano subregional, los países andinos han reclamado la actitud poco cooperativa de Venezuela en el proceso de integración comercial, las restricciones venezolanas a ciertos productos agrícolas, la implementación de cláusulas de salvaguardia a ciertos acuerdos comerciales, por la poca actuación proactiva del Gobierno de Chávez, en cuanto a las negociaciones dentro del ALCA y con el Mercado Común Suramericano (Mercosur), y la incertidumbre sobre el marco jurídico y político, lo que aumenta el riesgo-país de Venezuela.
Durante el año 2000 se profundizan estas líneas maestra, destacándose los viajes de Chávez al Medio Oriente, la radicalización de su lenguaje internacional, plasmado en sus discursos de carácter socioeconómico-radical en las Naciones Unidas durante la Asamblea General de 2000, 2001 y 2002, la concreción de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembro de la OPEP en septiembre de 2000, las visitas de Fidel Castro a Venezuela, los innumerables viajes de Chávez al exterior (signados por su improvisación y poca efectividad) y los roces con el Gobierno de Andrés Pastrana. La comunidad internacional comenzó a ver desde ese año 2000 a Chávez con una menor simpatía y un cierto pesimismo sobre su compromiso democrático dentro del país. El resurgir de la oposición en torno a la candidatura de Francisco Arias Cárdenas (antiguo aliado de Chávez en la intentona militar de 1992), y contrincante de un Chávez que buscaba ganar las elecciones presidenciales convocadas para el mes de julio de 2000, en lo que él considera desde entonces como un nuevo lapso presidencial (el primero bajo la nueva Constitución), da lugar a que surja poco a poco una oposición que se plasma en los escenarios parlamentario y mediático, este último tanto a escala nacional como también a escala hemisférica internacional, en la medida en que se va a percibiendo al Gobierno de Chávez más cercano a las tradiciones radicales populistas dentro del marco de la historia de América Latina.
En particular, se comienza a definir al Gobierno de Chávez como un gobierno que se encuentra en medio camino entre un populismo militar y un gobierno revolucionario de inspiración marxista. Desde ese entonces, la política exterior de Venezuela se va a confundir con “el tema de Venezuela”, dentro de una misma perspectiva informativa y analítica y desde dos ángulos complementarios: por una parte, la atención internacional sobre el proceso interno venezolano, y por el otro, la atención internacional sobre la diplomacia venezolana.
El año 2001 va a considerarse como un año definitorio en la política exterior de Venezuela. El inicio del primer período de Chávez dentro de la nueva Constitución va generando muchas controversias. Por una parte, los sectores reformistas y moderados dentro de la alianza que apoyó a Chávez en las elecciones de 1998 y que participó con él en las labores de gobierno comenzó a reducirse, en la medida en que, tanto los sectores que apoyaron la candidatura de Arias Cárdenas que venían del “chavismo” como algunas deserciones y renuncias de colaboradores frustrados, dio pie para que, junto con las elecciones de gobernadores, alcaldes y otros legisladores regionales y concejales municipales en 2000, más algunos cambios en la jerarquía militar y en el propio Gabinete Ejecutivo, fueran decantando la estructura de poder en Venezuela.
En el plano oficial y político de esta mayoría pro Chávez, cabe destacar el cambio del Canciller desde el inicio del Gobierno chavista, José Vicente Rangel, en enero de 2001, al ser nombrado Ministro de la Defensa. Rangel fue reemplazado por el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, quien inicia una mayor radicalización dentro de la institución, lo que permitió una mayor injerencia presidencial en los asuntos internacionales de Venezuela. Por una parte, Chávez se apoyó más en un grupo de militares afectos al régimen y de ex militares a quienes les une la obediencia a la jefatura de Chávez, las coincidencias ideológicas de profundizar la llamada Revolución Bolivariana y el acercamiento a regímenes y movimientos radicales en el ámbito mundial. Por otra parte, la oposición va generando una nueva plataforma social: la reactivación y crecimiento de una sociedad civil opositora que de manera incipiente y a veces informal demuestra por la vía de la protesta cívica su oposición a Chávez. A esto se le agrega una intensificación de las dudas parlamentarias sobre el otorgamiento de los poderes especiales que Chávez pidió a través de la Ley Habilitante de julio de 2001 y la fuerza mediática en contra del Gobierno de Chávez.
En términos concretos, la crítica opositora viene por la iniciativa de Chávez de firmar el acta constituyente del ALCA en abril de 2001, en Québec, Canadá, con dos reservas en el texto (el único país que lo hace), por la profundización del intercambio político y económico con Cuba, y por los crecientes rasgos de sectarismo del gobierno con respecto al servicio diplomático venezolano. La aprobación de una nueva ley de servicio exterior que permite abrir la inclusión de funcionarios de cualquier profesión a la carrera diplomática sin estudios previos de posgrado en la materia y la posibilidad de convocar a concursos en grados de la jerarquía diplomática por encima de la escala inferior (Tercer Secretario), atentan contra la posibilidad de una carrera diplomática profesional, a la par de las crecientes presiones para crear círculos bolivarianos dentro de la Cancillería (Los círculos bolivarianos es una forma de organizar a los partidarios del gobierno de una manera más micro y dentro del gobierno, con base en el cambio de eje de Chávez de no apoyarse ahora en un partido principal, el MVR y otros partidos que lo acompañaron desde 1998, sino más bien bajo la perspectiva de la reactivación de un frente de masas llamado “El Movimiento Bolivariano Revolucionario 2000” (creado en la víspera de la asonada militar de febrero 1992 y bajo un “Comando de la Revolución”). Así, ya desde el mes de agosto de 2001 Chávez comenzó a reforzar la idea de que su gobierno estaba dentro de un proceso llamado la “Revolución Bolivariana” y se comienza a estructurar ese movimiento de masas, a impulsar acciones de calle a favor del Gobierno, a diferenciarse del sector reformista dentro de su alianza oficialista y, en términos generales, a radicalizar el proceso, abriendo unas profundas divergencias con la Iglesia católica y el empresariado organizado en Fedecámaras (cuya presidencia recae en un opositor al régimen frente a un candidato pro-régimen que saca el 20 por ciento de los votos en las elecciones internas de ese organismo realizadas en mayo de 2001).
Estas divergencias tuvieron un punto de inflexión el día 10 de diciembre de 2001, cuando la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, organismo cúpula sindical controlado por la oposición y Fedecámaras, promovieron y realizaron un paro nacional de 12 horas en contra de las políticas del Gobierno. A esto se le suma el creciente ritmo opositor de los medios de comunicación nacionales y regionales, prensa, radio y televisión y las acusaciones de Chávez de una supuesta conspiración en su contra, todo lo cual generó un clima de inestabilidad política en Venezuela.
En el año 2002 Venezuela volvió a ser noticia en el ámbito diplomático y en el ámbito informativo internacionales, no sólo por lo apuntado con relación a un choque de trenes entre el Gobierno y la oposición que se vislumbraba, sino también por los malos augurios con relación a la materia económica.
Sobre este particular cabe destacar la reducción de la tasa de inversión extranjera, dada la incertidumbre política, la baja en los precios del barril de petróleo venezolano, la reducción de las reservas internacionales, la devaluación paulatina del bolívar, un crecimiento negativo calculado en -7 por ciento, los intentos de politización de Pdvsa y la posibilidad de una inflación en materia de precios y brotes especulativos en contra del bolívar, una limitación de la capacidad de endeudamiento del Gobierno por la vía externa (riesgo-país negativo) y por la vía interna (costos de las altas tasas de interés), una crisis bancaria, el peligro de una maxidevaluación y algunos indicios de inflación, todo lo cual va a pesar en el ritmo de gasto de los venezolanos. En este marco, analistas económicos coincidieron en que el año 2002 era el primer año “malo” de la gestión económica.
Todo esto, como es lógico, infló aún más el “caso Venezuela” en el ámbito internacional. De hecho, Venezuela está bajo observación internacional y hemisférica. Los pronunciamientos del Gobierno de EE UU sobre la falta de apoyo de Venezuela a la lucha antiterrorista (todo lo concerniente al cambio de la política exterior de EE UU, a partir del 11 de septiembre y la reducción del índice de autonomía de los países problema), los sucesivos escándalos sobre la presunta injerencia venezolana en los asuntos internos de Colombia y a favor de la guerrilla que opera en ese país, los actos de masas de la oposición, la insubordinación de oficiales de la Fuerza Armada Venezolana y las presuntas presiones anti Chávez en esa institución, el escrutinio de la OEA sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela y sobre la libertad de prensa; éstos y otros puntos, como el posible aislamiento de Venezuela del sistema interamericano (por una eventual acusación de violación de la Carta de la OEA firmada por Venezuela casualmente ese 11 de septiembre de 2002), más otras consideraciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, conforman un estado crítico para el Gobierno de Chávez.
Al mismo tiempo, cabe destacar el cierre paulatino de las negociaciones y la consulta por parte del Gobierno, los nombramientos ministeriales de militares retirados y la promoción del sector radical marxista dentro de la alianza política oficialista, simbolizado en el nombramiento del nuevo Presidente de Pdvsa.
Mención aparte merece la interrupción del Gobierno de Chávez, la consecuencia de un golpe de Estado promovido por civiles y militares opositores a Chávez el pasado mes de abril de 2002 y la condena inmediata de la Organización de Estados Americanos y de otros países apoyándose en la Carta de la OEA, acción esta que demostró cómo la globalización y el reconocimiento internacional de un gobierno son elementos fundamentales para la seguridad democrática de un país (Romero, 2002).
Con base en todas estas consideraciones y tomando en cuenta la idea central de este artículo, tal es la de comparar lo que era el mundo y Venezuela en 1972 y lo que eran en 2002, puede concluirse que se mantienen los pilares fundamentales de la diplomacia venezolana, democracia y petróleo. Sin embargo, el entorno internacional y el entorno nacional han cambiado, lo cual significa que los lineamientos de la política exterior de Venezuela también han experimentado profundas transformaciones. Por ello, 1972 no es lo mismo que 2002, son treinta años de una presencia internacional, cristalizada en dos etapas de nuestra política exterior, con muchas similitudes pero sobre todo con varias e importantes diferencias.
